El juez atiende la petición de FECAC e impone fianza de responsabilidad a García Prieto
2017-06-21
Deberá depositar 2.500.000 euros en el plazo de 10 días bajo aviso de embargo




El magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Jordi-Lluís de Prada Hernández, requiere al investigado Francisco García Prieto a fin de que preste fianza por importe de 2.500.000 euros en el plazo de diez días, acordando el embargo de bienes suficientes para cubrir dicha cantidad en el caso de que no sea satisfecha. Así lo acuerda un auto del 2 de junio que se ha comunicado a las partes.
El auto requiere igualmente a sus hijos Francisco y Manuel García Astorga que presten fianza de 500.000 euros de forma solidaria, también bajo apercibimiento de que se procedería al embargo de bienes.
El juzgado atiende sustancialmente, de este modo, el escrito que la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC) presentó el 27 de noviembre de 2015, ampliada con otro escrito el 1 de diciembre, por el que solicitaba el embargo preventivo de bienes de Francisco García Prieto, anterior presidente de la entidad, imputado por ese juzgado en las diligencias previas del procedimiento 1118/2015-D de apropiación indebida y de otros cuatro delitos que, entre otras cosas, habrían mermado los recursos financieros de la Federación organizadora de Feria de Abril de Catalunya y de otros eventos, y que agrupa más de 115 entidades culturales andaluzas.
FECAC enumeraba los bienes afectados, concretamente diversos inmuebles y vehículos propiedad de García Prieto y una cuenta bancaria. 
Posteriormente, la fiscalía se adhirió a la petición de FECAC, con fecha 17 de diciembre de 2016, señalando que había numerosos indicios de responsabilidad criminal contra los investigados. 
FECAC se personó como perjudicada
FECAC, que desde las elecciones de octubre de 2013 cuenta con una nueva Junta Directiva renovada, presidida por Daniel Salinero, se personó el 5 de febrero de 2015 en el Juzgado número 15 que instruía el caso como acusación particular “al objeto de ejercitar las acciones penales y civiles que procedan contra las personas denunciadas por el Fiscal así como contra todas aquellas que pudieran ser responsables penal y/o civilmente de los delitos recogidos en la denuncia, así como intervenir en todas las demás diligencias del procedimiento”.
La entidad colaboró con la Fiscalía desde el primer momento en el esclarecimiento de los hechos y facilitó la documentación de que disponía, que era parcial dada la condición de administradores de algunos de los denunciados y de la consiguiente sustracción o desaparición de mucha documentación probatoria.
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